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Desecha Tribunal Electoral impugnación del Movimiento Progresista


México.- Una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral desechó el jueves un recurso del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador para anular la elección de julio, lo que allana el camino para que Enrique Peña Nieto asuma en diciembre como presidente del país.

Cuatro de los siete miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron que no hubo pruebas contundentes en el pedido del izquierdista, que denunció compra de votos, desvío de fondos públicos y hasta uso de encuestas a favor de Peña.

"Verificamos si en verdad se habían comprado cinco millones de votos que podían hacer la diferencia o revertir el resultado... Vimos que no se acreditaban esas pruebas", dijo Salvador Nava, uno de los siete magistrados.

El fallo es el paso previo para declarar válidos los comicios de julio y declarar a Peña como presidente electo, lo cual se espera que ocurra en las próximas horas o días, con el 6 de septiembre como fecha límite.

Peña Nieto, asumiría el 1 de diciembre por un periodo de seis años, marcando el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México por 71 años seguidos hasta el 2000, a menudo entre acusaciones de corrupción y autoritarismo.

Afuera del tribunal, miles de simpatizantes de izquierda gritaban consignas en contra de los magistrados y de Peña Nieto, mientras el edificio era resguardado por policías afuera y adentro por soldados.

López Obrador, quien quedó en segundo lugar a más de 6 puntos porcentuales de Peña, denunció que se violó el artículo 41 de la Constitución que garantiza el derecho a elecciones libres en el país y asegura que se compraron millones de sufragios.

El candidato izquierdista, que también contendió en las elecciones del 2006 y denunció fraude, acusó a Peña y al PRI de exceder los topes de gasto de campaña, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.
Otro de los magistrados, Pedro Penagos, dijo que la izquierda no presentó pruebas suficientes y claras para probar compra de votos y las demás acusaciones.

"No se aportaron pruebas idóneas, eficaces y suficientes. Ni de tal magnitud que deben tener por efecto jurídico invalidar la voluntad ciudadana expresada por más de 50 millones de electores", señaló. (agencias)