Denuncia Tlachinollan ante CIDH vejación de jornaleros agrícolas

Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 26 de julio de 2011.-El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la omisión del Gobierno Federal para atender las condiciones deplorables en que laboran los jornaleros agrícolas que emigran a estados del norte del país, y pidió a esta instancia emitir las recomendaciones pertinentes para mejorar la situación.

Esto, durante la visita oficial que del 25 al 2 de agosto realiza el Relator sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, a quien el Centro Tlachinollan presentó información sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los jornaleros y jornaleras agrícolas que cada temporada salen de sus comunidades en busca de trabajo.

Margarita Nemecio, Coordinadora del Área de Migrantes de este Centro de Derechos Humanos, entrevistada vía telefónica, explicó que la intervención de Tlachinollan se enfocó en hacer hincapié en que a través de los mecanismos del sistema interamericano y del mandato del Relator para los derechos de los migrantes de la CIDH se pueda ampliar la forma de poder mantener como líneas de trabajo del tema de la migración la situación específica de jornaleros y jornaleras indígenas en México.

“Específicamente se abordó el tema de la situación de los jornaleros agrícolas en el estado de Guerrero, pero una de las prioridades era justamente cómo priorizar este tema, a raíz de que muchas de las situaciones que enfrentan los jornaleros en nuestro país tienen características similares a algunas situaciones que también enfrentan los migrantes que entran a nuestro país desde Centroamérica”.

Informó que también se le planteó al Relator de la CIDH el hecho de que a pesar de que ha habido recomendaciones o acciones por parte del Estado o de las instancias de gobierno, éstas siguen mostrando una omisión de las autoridades y la ausencia de una decisión firme de atacar el problema de raíz, sin garantizar no sólo la seguridad sino mejores condiciones laborales y de vida de los jornaleros.

“Sobre todo, pensando en la situación que enfrentan los jornaleros en sus comunidades de origen, y todo lo que implica el tránsito, el trayecto, el traslado, así como las condiciones en los campos agrícolas”, dijo Nemecio.

Explicó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña reforzó la exposición ante el relator a través del testimonio de Cruz Salgado Aranda, jornalero indígena náhuatl de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, quien es padre de David Salgado, el niño que falleció en el 2007, atropellado por un tractor en un campo agrícola de Sinaloa.

“Él (Cruz Salgado) más bien hizo énfasis en esta parte de la omisión por parte del Estado, haciendo referencia a que lleva más de veintitantos años como migrante, específicamente yendo a Sinaloa, donde nunca ha habido ninguna autoridad que los visite o que atienda las necesidades más básicas, desde que salen de su comunidad, o cuando llegan a Tlapa, o cuando hacen los traslados, y menos estando en los campos agrícolas”.

Margarita Nemesio agregó que el jornalero denunció que a lo largo de su travesía por los campos agrícolas del estado norteño nadie les ha preguntado en qué condiciones trabajan, qué requieren, si los autobuses en que viajan están en buenas condiciones, si fueron atendidos, “que no se quede solamente en cuestiones asistencialistas y esto también a raíz de la muerte de su hijo en el 2007, sobre lo cual él decía que no hay cambios significativos”.

Dijo que Tlachinollan espera que a través del mandato del relator pueda retomarse el tema de la migración interna en México, específicamente de los jornaleros y sus familiares, que es el mandato de la relatoría.

Expresó su preocupación de que la relatoría ha centrado su atención en el tema de los migrantes centroamericanos, a partir de casos documentados de secuestro y extorsión, y de que han sido víctimas de la delincuencia organizada.

“Nosotros esperamos que justamente en el informe pueda integrarse un apartado como recomendaciones al gobierno federal en esta tónica, y que no se quede solamente en plantear qué tipo de acciones debe tomar el Estado, sino que sea un tema que pueda implementarse a través de los mecanismos del Sistema Interamericano y de la misma relatoría para que el tema sea considerado para darle seguimiento”, indicó la activista.