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EPR podría romper tregua con el gobierno federal por no investigar desapariciones

Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 10 de abril de 2011.-La Comisión de Mediación (COMED) del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal para la investigación de la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, advirtió que si para mayo –cuando cumplan cuatro años desaparecidos- no hay resultados, podría dar por terminada la tregua pactada en el 2008, cuando se comprometió a facilitar el desarrollo de las investigaciones.

“Es la última oportunidad del gobierno federal para resolver el caso en México. Porque es previsible que ante la falta de resultados sus familiares decidan acudir a instancias internacionales como  la Corte Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica”, afirmó José Enrique González Ruiz, integrante de la Comisión de Mediación, creada el 1 de mayo del 2008, en la que también participan Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, y participaron los finados Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García.

En entrevista, recordó que “el EPR nos dijo en un comunicado que la tregua no es eterna, y que tiene que haber resultados concretos. De aquí a mayo tiene el gobierno para resolver, después  los familiares de los dos eperristas podrían decidir ir a  la CIDH, y nosotros los acompañaríamos, pero ahí acabaría nuestro carácter mediador que asumimos en los tres últimos años”, subrayó.

El también ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, insistió en que “hasta mayo, cuando se cumplen cuatro años de la desaparición de los dos militantes del EPR, vence el plazo que se fijó para obtener resultados, ahí se sabrá si continúa siendo viable el trabajo de la comisión o de plano están agotados en México los caminos, aunque en nuestro caso no abandonaríamos el barco, pero esa será responsabilidad del gobierno por falta de resultados concretos”.

Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR), en los últimos cuatro años, abrió la investigación de la desaparición de los dos eperristas, pero no como desaparición forzada, sino por secuestro o plagio, lo llevaba como un delito común y no de lesa humanidad, que no implica un delito del Estado.

Pero ahora –indicó- con el reciente cambio en la titularidad de la PGR, confía en que exista la oportunidad de resolver el caso de los dos eperristas, y evitar que se vaya a la CIDH, en donde  el gobierno federal podría ser exhibido como un violador de los derechos humanos.

González Ruiz subrayó que incluso el gobierno mexicano minimizó el informe presentado recientemente por El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, lo que evidencia la falta de voluntad para dar una respuesta positiva.


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