No definen monto de póliza de fidelidad para ayuntamientos

Marcial Campuzano-SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 4 de marzo de 2011.-A dos meses de haber iniciado el 2011, la Auditoría General del Estado y el Congreso local no han definido los nuevos lineamientos y criterios para fijar los montos de las pólizas de fidelidad que deberán contratar los 81 ayuntamientos y los tres poderes públicos para proteger los presupuestos de robo, peculado, fraude y  abuso de confianza.

El año pasado las entidades sujetas a esta obligación fueron obligadas a pagar hasta el 4 por ciento de los presupuestos que ejercieron para asegurar los recursos públicos que les fueron autorizados, con la aclaración de que más de una veintena de ayuntamientos no cumplió con esa disposición, pero además se desconoce si hubo robo, peculado, fraude o abuso de confianza en las instituciones que sí pagaron la fianza.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, Guadalupe Gómez Maganda, dio a conocer que aún no se definen los nuevos criterios y lineamientos, y que están en espera de la propuesta que al respecto hará el órgano de fiscalización del Congreso del estado.

Por su parte, el auditor general Arturo Latabán López dijo que aprovechará la primera sesión del año que llevará a cabo el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal (SECOF) para darles a conocer a los alcaldes y tesoreros los nuevos lineamientos y criterios para el pago de las fianzas de fidelidad.

Una de las propuestas para modificar los montos, que por cierto fueron calificados como muy elevados por presidentes municipales, es que la AGE establezca una especie de tarifas que englobe a municipios pobres, otra a municipios medianos y una más a los ayuntamientos que tienen más ingresos económicos, para no tasar con el mismo rasero a las 81 administraciones municipales.

Lo cierto, es que las fianzas de fidelidad son desprendimientos económicos que hacen los ayuntamientos y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a fondo perdido haya o no irregularidades en el uso y manejo de los recursos públicos.

Otra propuesta es que los ayuntamientos y los poderes públicos integren un fideicomiso con aportaciones económicas para que soporte las desviaciones financieras que pudieran registrarse, y los miembros de estos serán los responsables para fincar responsabilidades a quienes hayan cometido tales desvíos o actos de corrupción.

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