Exhorta el Congreso a Calderón y Torreblanca cumplir sentencias de la COIDH
Gilberto Guzmán-SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 14 de diciembre de 2010.-El Congreso del Estado aprobó un exhorto al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo y al Consejo de la Judicatura Federal para que cumplan las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y las violaciones sexuales por parte de militares contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
La propuesta fue planteada en tribuna este martes por el vicecoordinador de los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, quien argumentó que el gobierno mexicano ha sido uno de los principales promotores de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos firmada el 10 de diciembre de 1948, y que el pasado jueves cumplió 62 años de entrar en vigor, pero ya no ha sido respetada.
De la Rosa criticó que el gobierno federal “no ha cumplido con sus obligaciones de dar las condiciones favorables para el desarrollo de sus pueblos y mucho menos ha logrado proteger los derechos humanos de los ciudadanos”, por lo cual es ineludible que cumpla las sentencias de la CoIDH, de las cuales existen tres para Guerrero.
Una, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido el 25 de agosto de 1974, ilegalmente en un retén militar y fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y treinta y seis años después, su paradero sigue siendo desconocido.
Expuso que la detención y luego desaparición forzada de Rosendo Radilla fue denunciada pública y legalmente por la familia ante las instancias de procuración de justicia nacionales, pero al no obtener respuesta del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la CoIDH, organismo que el 23 de noviembre del 2009 determinó que el gobierno “vulneró la obligación de salvaguardar los derechos del señor Radilla”, generando una responsabilidad internacional por la violación a la libertad, la integridad personal, la vida, el reconocimiento a la personalidad jurídica así como a la violación de la integridad física y psicológica de sus familiares.
Por eso, la CoIDH ordenó al gobierno mexicano investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla, así como “adoptar en un Plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 de Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos”.
Otras sentencias son las relativas al caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas Me’phaa, agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano, sobre lo cual la Corte Interamericana determinó calificar la violación sexual que sufrieron ambas mujeres como actos de tortura, en vista de que se acreditaron los elementos de intencionalidad, sufrimiento físico y mental severo.
Sebastián de la Rosa agregó que el organismo ordenó al Estado Mexicano conducir una investigación eficaz de ambos casos, para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes; investigaciones que deberán mantenerse del conocimiento de las autoridades civiles y no de las militares.
Además, ordenó la creación de un Centro de la Mujer Indígena en Barranca Tecuani y fortalecer el Centro de Salud de Caxitepec, con recursos materiales y personales, así como otorgar las respectivas indemnizaciones de carácter económico a las víctimas y brindar atención física y sicológica.
Sin embargo, a la fecha ninguna de esas sentencias ha sido cumplida por el gobierno federal.
La propuesta fue planteada en tribuna este martes por el vicecoordinador de los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, quien argumentó que el gobierno mexicano ha sido uno de los principales promotores de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos firmada el 10 de diciembre de 1948, y que el pasado jueves cumplió 62 años de entrar en vigor, pero ya no ha sido respetada.
De la Rosa criticó que el gobierno federal “no ha cumplido con sus obligaciones de dar las condiciones favorables para el desarrollo de sus pueblos y mucho menos ha logrado proteger los derechos humanos de los ciudadanos”, por lo cual es ineludible que cumpla las sentencias de la CoIDH, de las cuales existen tres para Guerrero.
Una, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido el 25 de agosto de 1974, ilegalmente en un retén militar y fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y treinta y seis años después, su paradero sigue siendo desconocido.
Expuso que la detención y luego desaparición forzada de Rosendo Radilla fue denunciada pública y legalmente por la familia ante las instancias de procuración de justicia nacionales, pero al no obtener respuesta del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la CoIDH, organismo que el 23 de noviembre del 2009 determinó que el gobierno “vulneró la obligación de salvaguardar los derechos del señor Radilla”, generando una responsabilidad internacional por la violación a la libertad, la integridad personal, la vida, el reconocimiento a la personalidad jurídica así como a la violación de la integridad física y psicológica de sus familiares.
Por eso, la CoIDH ordenó al gobierno mexicano investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla, así como “adoptar en un Plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 de Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos”.
Otras sentencias son las relativas al caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas Me’phaa, agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano, sobre lo cual la Corte Interamericana determinó calificar la violación sexual que sufrieron ambas mujeres como actos de tortura, en vista de que se acreditaron los elementos de intencionalidad, sufrimiento físico y mental severo.
Sebastián de la Rosa agregó que el organismo ordenó al Estado Mexicano conducir una investigación eficaz de ambos casos, para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes; investigaciones que deberán mantenerse del conocimiento de las autoridades civiles y no de las militares.
Además, ordenó la creación de un Centro de la Mujer Indígena en Barranca Tecuani y fortalecer el Centro de Salud de Caxitepec, con recursos materiales y personales, así como otorgar las respectivas indemnizaciones de carácter económico a las víctimas y brindar atención física y sicológica.
Sin embargo, a la fecha ninguna de esas sentencias ha sido cumplida por el gobierno federal.