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Ruedan cabezas en el Congreso local; nombran a Osiel Pacheco como jefe de prensa

Marcial Campuzano-Chilpancingo, Gro. 25 de noviembre de 2010.-Este viernes comenzaron a rodar las primeras cabezas de funcionarios de primer nivel del Congreso local, con lo que se dio por terminado el Acuerdo para la Gobernabilidad Política de la 59 Legislatura, al designar el pleno de diputados con la ausencia de la bancada priísta y su coordinador Héctor Vicario, al nuevo director de Comunicación Social, y están en la mira otros seis elementos que ostentan cargos directivos.

Con el acuerdo y consenso de los diputados de los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia, del Trabajo y Acción Nacional, por unanimidad fue designado como director de Comunicación Social del Congreso Osiel Pacheco Salas, de quien era reportero del diario La Jornada Guerrero y fue representante del Frente Cívico de Coyuca de Benítez en la pasada contienda de gobernador.

Pacheco Salas sustituye en el cargo de Reemberto Valdez Vilchis y a José Guadalupe Prieto Caracheo. El primero renunció al cargo hace menos de un mes para incorporarse a la campaña de Angel Aguirre Rivero, y el segundo era el encargado de la Dirección de Comunicación Social.

El reacomodo del aparato administrativo, consultivo y hacedor de leyes e iniciativas en la Cámara, porque es de señalarse que no son los diputados los genios hacedores de las leyes de Guerrero, es producto de la descomposición de la fracción parlamentaria priísta originada por el proceso electoral de gobernador, lo que sin duda generará una relación áspera con posibles afectaciones al trabajo legislativo.

Este revés a la fracción parlamentaria priísta del Congreso local, rompió de plano con el Acuerdo para la Gobernabilidad Política del Poder Legislativo que en noviembre del 2008 firmaron el fallecido perredista Armando Chavarría Barrera y el líder de los diputados priístas Héctor Vicario Castrejón, mediante el cual se repartieron los cargos de dirección y los cuatro comités que hay al interior del Congreso del estado.

La nueva jefatura de la Comisión de Gobierno del Congreso local a cargo del perredista Faustino Soto Ramos, quien el 15 de este mes sustituyó a Héctor Vicario, tiene en la mira más remociones de funcionarios de alto nivel de la 59 Legislatura.

Entre éstos se encuentran el director de Administración y Finanzas Jesús Heriberto Noriega Cantú; el oficial mayor, Benjamín Gallegos; la directora de Recursos Materiales, Seraida Salgado Balderas; y la directora de Relaciones Públicas, América Astudillo Muñoz.

También están en vías de ser despedidos la jefa del Departamento de Pagaduría y hermana de Armando Chavarría Barrera, Mirna Chavarría Barrera; el director de Recursos Humanos, Eusebio Pérez Almonte; y la directora de Procesos Administrativos, Marlen Eréndira García.

Con la remoción de José Guadalupe Prieto Caracheo de un cargo que goza de la aprobación del pleno de diputados, los rumores de que habría una limpia en el Poder Legislativo se están haciendo realidad, y el despido de funcionarios lleva bien implícita la intención de sacar de los cargos de dirección a todo lo que huela a PRI y Polo Guerrerense de Izquierda, que es una corriente política o tribu del PRD, como ellos mismos se autodefinen, que era encabezada por el fallecido diputado local Armando Chavarría Barrera.

El cambio, nombramiento y toma de protesta del nuevo funcionario del Poder Legislativo, se llevó a cabo con la ausencia total de la fracción parlamentaria priísta, algunos de los cuales solicitaron permiso para ausentarse de la sesión, y en otros casos de plano decidieron no ir a “trabajar”.

Se dio a conocer que los cambios de funcionarios de primero y segundo nivel en el Poder Legislativo se darán de manera gradual para no entorpecer las actividades administrativas.

Estos movimientos forzosamente implicarán el despido de personal de confianza que llevaron los funcionarios que se irán del cargo, con lo que habrá también despido de trabajadores, que, hay que decirlo, en muchos de los casos tienen salarios de hambre en relación a los más de 100 mil pesos que se lleva cada diputado mensualmente como salario o “dieta”.