Llevan recurso a Suprema Corte
El Siglo de Torreón-AEE
El próximo 18 de enero la coalición "Por México al Frente" (PAN-PRD-MC) presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que regula la acción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Así lo anunció ayer el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, al informar que "hay un bien avance" en la recopilación de las 165 firmas necesarias de legisladores que avalan la acción de inconstitucionalidad de esa legislación.
Respecto de si impugnarán los 34 artículos de la Ley de Seguridad Interior, Martínez Neri explicó que en la legislación hay una serie de violaciones constitucionales, además de "la falta de facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad interior", de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución.
Pero el presidente de la Comisión Permanente, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el Congreso de la Unión sí está facultado para expedir la Ley de Seguridad Interior. De no haberlo hecho, agregó, estaría en falta.
"No solamente estábamos facultados (para aprobar esa ley), sino que estábamos en falta por no haberlo hecho", dijo. "Era preocupante la situación de militares y marinos que estaban actuando como fuerzas de seguridad sin tener ningún tipo de autorización legal para hacerlo".
Ramírez Marín aseguró que soldados y marinos "estaban en la misma condición de ilegalidad que aquéllos que perseguían, nada más que tenían el visto bueno del gobierno".
Ramírez Marín insistió en que, de no haberse expedido la Ley de Seguridad Interior, el Poder Legislativo estaría en falta "y hubiéramos seguido poniendo en peligro la situación legal de mucha gente que, estando en las Fuerzas Armadas, hace hoy acciones que deberían estar haciendo los policías".
Pero la Ley de Seguridad Interior sí tiene al menos 5 aspectos inconstitucionales, afirmó Ernesto López Portillo Vargas, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. Entre ellos, dijo, la autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación, en contravención directa del artículo 21 constitucional
El experto afirmó que en la ley hay conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria, abre la posibilidad de que las fuerzas armadas actúen sin subordinación a las autoridades civiles, e incluso al mando de las mismas, en contravención de la propia Constitución, y anula los mecanismos de control y de rendición de cuentas en las operaciones asociadas a la seguridad interior.
Tal y como se aprobó, dijo, la norma viola los principios fundamentales de derecho de transparencia y acceso a la información, ya que invierte el principio de máxima publicidad constitucional por uno de máxima opacidad, al declarar que todas las operaciones asociadas a la seguridad interior estarán clasificadas como información de seguridad nacional, y en ese sentido es reservada.
Por todo lo anterior, el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática espera que la SCJN conozca y, por lo tanto, invalide la Ley de Seguridad Interior ante un próxima acción de inconstitucionalidad.
Si la SCJN no califique de inconstitucional esa ley, López Portillo subrayó que el foro que encabeza promoverá todas las medidas jurídicas posibles para luchar contra esa norma, y para empujar reformas jurídicas que por la vía civil mejoren las herramientas del Estado, por ejemplo, las instituciones policiales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"Para que podamos frenar el proceso de militarización tenemos que propiciar, promover y lograr un fortalecimiento de las autoridades civiles", entre ellas las responsables de la prevención de la violencia y el delito, las policías y las procuradurías. "Necesitamos políticas de prevención que funcionen, necesitamos policías profesionales y fiscalías que sirvan", recalcó.
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