Por una auténtica cultura de la legalidad
Agencias
Si bien puede pensarse que la idea de los derechos humanos es un concepto relativamente nuevo en el orden mundial (la Declaración Universal de los Derechos Humanos data de 1948) es importante recordar que la defensa y protección de estas garantías se encuentra en la conciencia nacional de nuestro país, desde los orígenes de su vida independiente.
Hoy, la nación cuenta con uno de los sistemas más robustos en materia de defensa, promoción y protección de los derechos de las personas en muy diversas modalidades: pueblos indígenas, grupos vulnerables o minorías, consumidores, usuarios de la banca, de servicios médicos, contribuyentes, trabajadores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con autismo, personas con discapacidad, adultos mayores, periodistas, defensores de los derechos humanos, víctimas de delitos o de violaciones de sus garantías fundamentales, etcétera.
A partir de la reforma constitucional de 2011, el marco legal sufrió una expansión trascendental. Tal transformación no se acota a que se elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México forma parte. Más importante, el cambio provino con una modificación que en apariencia, pero sólo en apariencia, resulta ser muy sencilla: el cambio de nombre del capítulo primero constitucional y la reforma al artículo primero.
Con esta acción, el Estado mexicano reiteró su filosofía de reconocer derechos más que otorgarlos.
En las últimas décadas, el trabajo conjunto entre el gobierno federal, el Poder Legislativo, el Judicial y la sociedad civil le ha permitido al país contar con un marco normativo vanguardista, baste citar algunos ejemplos: las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la General de Víctimas; la General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la nueva legislación de Amparo y las modificaciones al Código Penal Militar.
Contar con una legislación adecuada es esencial, pero ésta debe acompañarse de una base institucional sólida que vigile y salvaguarde el cumplimiento de la ley. Por ello, paralelamente, se ha apostado por la conformación de instituciones para que los derechos humanos pasen del papel a la práctica. Así, con la participación de autoridades, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y la ciudadanía en su conjunto, México continúa avanzando.
Por casi 30 años, el país ha contado con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ha contribuido indubitablemente a la salvaguarda de la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia, su actuar se encuentra sólidamente sustentado en el artículo 102 constitucional. Actualmente, el país tiene un Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; los sistemas Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y el Nacional de Atención a Víctimas y nuevos Centros de Justicia para la Mujer, por citar algunos ejemplos.
La promoción, protección y defensa de las garantías es una causa que convoca y compromete a cada ciudadano. Profundizar el cambio cultural, incluso desde la educación y el seno familiar, para transitar plenamente a una sociedad de derechos, es la senda por la que México debe seguir caminando. Con mayor razón, el compromiso y el trabajo conjunto entre autoridades, activistas y defensores se torna más importante. Sí, en el camino existirán diferencias y opiniones divergentes; sin embargo, un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil es uno que tiende puentes, abre espacios y construye mediante un diálogo permanente con y para los ciudadanos.
Como seres humanos, respetar y salvaguardar los derechos de los demás debe ser menester y filosofía de vida, para ello, es vital entender y respetar al otro. No es posible continuar con la perspectiva de pasar por encima del prójimo y, mucho menos, por encima de sus derechos. Si se tuviera una auténtica cultura de la legalidad y del respeto al derecho ajeno, no tendrían por qué existir defensores de derechos humanos; en consecuencia, si se entendiera y respetara la trascendental labor de los activistas, no tendrían por qué crearse mecanismos que los protejan.
El Estado mexicano tiene el deber irrenunciable de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Y, en su andar, se ha encontrado con sucesos que han sacudido conciencias y movido voluntades. Empero, ante tiempos convulsos e inciertos, es imposible siquiera pensar en el desánimo, la apatía y, mucho menos, en el desinterés. Los derechos humanos son un objetivo superior que nos obliga a redoblar esfuerzos. México debe consolidarse como un país donde se cumpla la ley; sin embargo, no sólo se trata de garantizar un Estado de derecho, sino de velar por uno donde se haga justicia, se tenga acceso a la verdad, e imperen la dignidad y las libertades para que cada ciudadano ejerza con plenitud sus derechos.
XXXXX El universal
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