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Suman 29 defensores asesinados

Un total de 29 activistas ambientales fueron asesinados en México de julio de 2016 a diciembre de 2017, periodo en que además ocurrieron 110 agresiones a organizaciones y comunidades, denunció ayer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En su "Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2017", el Cemda manifestó su preocupación ante el aumento de los homicidios, en comparación con el periodo anterior, cuando solo se registro uno.

En el periodo "se pudo observar un mayor nivel de violencia con relación a años anteriores en los ataques en contra de los defensores, incrementándose los casos de agresiones físicas, la criminalización y el homicidio", dijo Cemda en una rueda de prensa. La organización subrayó el asesinato de 29 activistas, entre ellos Isidro Baldenegro, un indígena rarámuri galardonado con el Premio Goldman 2005 por su defensa del bosque y su territorio, que murió en febrero de 2017.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2017 se documentaron 88 casos de ataques a defensores de derechos humanos ambientales, destacó la Cemda, que precisó que estos incidentes pueden comprender "varias agresiones hacia una misma persona, organización o comunidad". El Estado mexicano "sigue siendo el principal agresor" contra los activistas pues 36 % de las agresiones fueron cometidas por funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), sostuvo el Centro.

Precisó que dentro de los 88 ataques ocurrieron 110 agresiones que afectaron a 240 personas, 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas o indígenas. El Centro precisó que las principales causas de ataques son el despojo de tierras o territorio, proyectos de infraestructura, inmobiliarios, hidroeléctricos y de energía renovable, así como la siembra de transgénicos y la tala clandestina. Entre las agresiones más recurrentes destacan los homicidios, los golpes y la intención de criminalizar a los activistas, y los estados con mayor número de ataques registrados son el Estado de México, Oaxaca y Puebla.

"Resulta inverosímil que en pleno Siglo XXI las personas e integrantes de la sociedad civil que en México defienden los derechos humanos ambientales estén en una situación de alto riesgo en cuanto a su persona e integridad física", dijo el presidente y fundador de Cemda, Gustavo Alanís Ortega.

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