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ONGs exhiben impactos psicosociales luego del caso Ayotzinapa


ONGs exhiben impactos psicosociales luego del caso Ayotzinapa
ONGs exhiben impactos psicosociales luego del caso Ayotzinapa. Foto: Especial
ONGs presentaron un estudio realizado por un grupo interdisciplinario sobre los impactos psicosociales en compañeros, sobrevivientes y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero desaparecidos desde 2014.
El informe denominado “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”, elaborado de manera conjunta por las organizaciones Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz.
Las organizaciones civiles explicaron que para desarrollar el documento se conformó un equipo multidisciplinario integrado por cuatro psicólogas, una antropóloga y la colaboración de un equipo médico.
Se abordan los impactos psicosociales en los estudiantes normalistas que sobrevivieron los ataques y enfrentan secuelas post traumáticas, entre ellas la llamada “culpa del sobreviviente”, así como el dolor por la ausencia de sus compañeros.
También se documentaron los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos y sus familiares.

Colusión de autoridad y crimen organizado

El documento señaló que el caso Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado, cuyos impactos se han profundizado a lo largo de tres años debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de las autoridades que han obstaculizado la investigación y manipulado la verdad.
Los creadores de dicha investigación indicaron que la idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso.
El 3 de octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Medida cautelar número 409/141. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la CIDH, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del GIEI.
En su primer informe el GIEI determinó un número de 180 víctimas directas de los ataques la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, incluyendo: seis personas ejecutadas extrajudicialmente (un normalista con señales de haber sido torturado y otros dos con disparos a quemarropa), dos víctimas mortales de los ataques a los jóvenes miembros del equipo de fútbol Los Avispones, así como una mujer que se transportaba en un taxi; más de 40 personas heridas, algunas de ellas de suma gravedad.
Cabe mencionar que la ONU determinó que halló “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, en 34 detenidos para obtener confesiones por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero