Presentan recurso contra la Ley
El Siglo de Torreón-AEE
La primera controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior llegó este viernes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la mano de Esperanza Chilaca, síndica de San Pedro Cholula, municipio de Puebla.
Esta es la primera ofensiva legal que admite la corte en contra de la legislación publicada en el Diario oficial de la Federación, el 21 de diciembre pasado, y como argumento base reclama la afectación a derechos humanos de la norma aprobada en el Congreso.
El recurso de controversia impugna y demanda la invalidez de la Ley de Seguridad Interior y se presentó en contra las cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo federal y el director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.
Luis María Aguilar Morales, como presidente de la SCJN, aprobó la admisión del recurso y lo turnó al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, quien deberá elaborar el proyecto de resolución que analizarán y discutirán los ministros en el pleno.
Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, explicó en su momento que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucionalidad en cuando menos cinco aspectos, entre ellos, la autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación, que contraviene el artículo 21 de la Constitución.
SOLICITAN ACCIóN POR PARTE DE LA INAI Este viernes además las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadsinGuerra solicitaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, por considerar que "pone en grave riesgo el ejercicio de múltiples derechos y libertades de todas las personas en nuestro país.
Mediante una carta dirigida a Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, las organizaciones advierten que la legislación está en franca contradicción con los estándares constitucionales e internacionales en materia de los derechos de acceso a la información y protección de la privacidad.
Además recuerdan que diversos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre los problemas y riesgos que entraña esta nueva legislación para la vigencia de los derechos humanos.
Recuerdan que "en un hecho sin precedentes 6 procedimientos especiales de la ONU también se pronunciaron en contra" de la de la ley, incluidos los relatores especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y sobre el Derecho a la Privacidad.
Las organizaciones de la sociedad civil le recuerdan al INAI que en su comunicado INAI/431/17, del pasado 19 de diciembre, solicitó al Ejecutivo federal realizar observaciones al artículo 9 de la legislación, relativo al acceso a la información.
Esto por considerar que no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad. No obstante lo anterior, su solicitud no fue atendida y el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley.
También se espera que el próximo 18 de enero un grupo de diputados de oposición presente otra controversia en contra de la ley ante la SCJN, y lo mismo podría hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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