Avanzan en Senado Ley de Seguridad y aspirantes a fiscal electoral
Pese a protestas, avanzan en Senado Ley de Seguridad y aspirantes a fiscal electoral. Foto: Riodoce
Pese a los bloqueos de organizaciones civiles, el pleno del Senado turnó a comisiones la minuta de la Ley de Seguridad Interior para su estudio y dictamen; asimismo, la Jucopo avanzó en las audiencias a 10 de 21 candidatos a dirigir la Fepade.
Con las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) a la cabeza, se llevó a cabo este martes la sesión ordinaria de la Cámara Alta, donde los legisladores decidieron proseguir con la eventual aprobación de dicha ley, que podría concretarse el próximo jueves en un “fast track”.
Lo anterior, no obstante las objeciónes de las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de más 140 organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo “Seguridad Sin Guerra”.
Asimismo, a pesar de los bloqueos viales que, de las 9:30 a las 13:00 horas mantuvieron unos 200 inconformes, encabezados por el político Gerardo Fernández Noroña, en dos calles de acceso al Senado –París y Madrid–, con la intención impedir el arribo de los legisladores a las instalaciones de esta soberanía.
ONGs advierten militarización y violación de DH
Dichos organismos han coincidido en señalar que la Ley de Seguridad Interior promueve la permanencia indefinida del Ejército y la Marina en las calles, cumpliendo tareas exclusivas de autoridades civiles, lo que conduciría a la militarización del país e incrementaría las violaciones de los derechos humanos.
“En lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos un plan para su retiro paulatino, al tiempo que se emprende el fortalecimiento de las policías de todos los niveles de gobierno”, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Con todo, la Mesa Directiva de la Cámara Alta informó que la minuta de ley, aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, fue recibida el pasado viernes 1 de diciembre e inmediatamente la remitió a las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos.
Delitos electorales deben ser graves, proponen
Por su parte, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado realizó el desahogo de las comparecencias de 10 de los 21 aspirantes inscritos para competir por la titularidad de la Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), entre cuyos planteamientos destacó el de considerar como graves los delitos electorales.
Sin embargo, durante las audiencias de estos primeros 10 aspirantes también se objetó la falta de experiencia de algunos en asuntos electorales, así como los vínculos partidistas de la mayoría.
De acuerdo con Jenaro Villamil, entre ellos están Tomás Cantú López, litigante tamaulipeco sin experiencia previa en materia electoral, Raúl Arroyo González, abogado hidalguense vinculado con Eduardo Osorio Chong, hermano del titular de la Secretaría de Gobernación, y Ricardo Suro Gutiérrez, vinculado al PRI y al padre del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Asimismo hay académicos como José Antonio Caballero, respaldado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); Hugo Saúl Ramírez García, por la Universidad Panamericana; Arturo Sánchez Gutiérrez, por el Tecnológico de Monterrey; Rafael Edmundo Mateos Poumina, por la Escuela Libre de Derecho, y Zarazúa Martínez, de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Editado por Luis Alberto Palacios
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