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El arte de no negociar

Octubre de 2017, desde su primer día hasta el último, ha quedado marcado, en los escenarios internacionales, por el proceso independentista catalán. Con el cual, una fracción política, respaldada por un amplio sector de la sociedad, busca la creación de una nueva república. El proceso histórico de independencia catalan, en su capítulo más reciente, se enfrenta a un Estado social, democrático y de Derecho, con la forma política de Monarquía parlamentaria. La corriente política que encabeza el gobierno es el conservador Partido Popular (PP).

Las figuras más altas de dicha administración son: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno desde 2011, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Por parte de los independentistas, las figuras que encabezan el gobierno de la comunidad son: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente respectivamente. Estos cuatro funcionarios no fueron capaces de construir acuerdos políticos. Durante todo el proceso de confrontación con las autoridades de la comunidad autónoma catalana, el gobierno del Estado español solo ha tenido una respuesta a las demandas que venían desde Cataluña: no.

Ese mismo gobierno central se opuso sistemáticamente a que en Cataluña se realizara un referéndum pactado y con garantías. En contraste, 57,4% de la sociedad en España estaba de acuerdo en que se realizara un referéndum legal donde se preguntara a los catalanas por su independencia; y en el territorio de Cataluña, la cifra de aprobación de un referéndum alcanzó el 75,6% (Encuesta El Mundo-SIGMA DOS). Tales números indican que la sociedad estaba dispuesta a ceder lo necesario para que los catalanes fueran consultados. El actual gobierno del Estado español: no.

La postura negativa a la negociación se materializó el primero de octubre con las cargadas policiales que hicieron abuso de la fuerza. La jornada se pudo resumir en un gobierno local que invitó a desafiar al gobierno del Estado a través de poner un papel en una urna sin validez, y por otro lado, las fuerzas públicas que reprimieron brutalmente a algunos de los que querían "votar". De la no negociación se pasó a la confrontación en desigualdad de condiciones. Pese a que los resultados del referéndum simbólico no eran vinculantes, el gobierno catalán se declaró vencedor de la jornada y ofreció un espacio de diálogo político a Mariano Rajoy, éste dijo: no.

El martes 10 de octubre, Carles Puigdemont, dijo asumir el mandato del referéndum y suspendió los efectos de una declaración de independencia que no realizó. Con la frustración manifiesta de sus parroquianos ofreció diálogo para superar la crisis política y social. Al mismo tiempo, solicitó la mediación de actores internacionales. Buscó la ayuda de la Unión Europea, de Inglaterra, del Vaticano, etc., para construir una mesa de negociación. El gobierno surgido del PP respondió con su mismo discurso: no.

El único momento en que la soberana actitud de Rajoy dio muestras de diálogo fue un día antes de que en el parlamento catalán se votara una iniciativa para declarar a Cataluña como una República. La mañana del jueves 26 de octubre los esfuerzos de mediación de Iñigo Urkullu, presidente del País Vasco, y de Miquel Iceta, presidente del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña, parecían dar fruto. Se pactó que al medio día Puigdemont convocaría a elecciones, lo que significaba una salida en el corto plazo al conflicto político. Pero no sucedió tal cosa. Por el contrario, declaró que no había condiciones para un acuerdo de ese tipo. Por la tarde, al encontrarse en público con Miquel Iceta, éste cuestionó a Puigdemont su cambió de postura, simplemente le respondió: "no habló".

El arte de no negociar es muy peligroso. Lejos de resolver los conflictos y de evitar daños más graves, los fomenta. Cuando una de las partes en conflicto tiene clara la respuesta que encontrará en su contraparte, deja de ser necesaria cualquier estrategia civilizada, pues no hay con quien ponerla en práctica. El actual PP español y catalán, pueden afirmar que defendieron sus instituciones, que resistieron a los rebeldes, que acorralaron y suprimieron a un gobierno catalán elegido democráticamente. Lo que se antoja complicado es que puedan hacer lo mismo con dos millones, por lo menos, de catalanes que en este mes de octubre sumaron a sus derechos históricos y legítimos de autodeterminación, los argumentos que desde el gobierno del Estado español les ofrecieron.

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