Pasa, al fin, ley de desaparición
Tras dos años de discusión, el Congreso de la Unión aprobó ayer jueves la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en la que colaboraron de familiares de desaparecidos, quienes exigían que la norma pasara cuanto antes para enfrentar una problemática que suma miles de víctimas en el país.
Con 361 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la ley, que empezó a trabajarse en 2015 y pasó en el Senado el 27 de abril de este año. La Cámara baja turnó el dictamen aprobado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cabe mencionar que uno de los primeros estados en aprobar una ley similar a nivel local fue Coahuila, en donde la norma está vigente desde 2014. Con 1,890 desaparecidos reportados hasta agosto pasado, esta entidad es una de las cinco con más casos en todo el país.
La ley general aprobada ayer establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información de la materia entre instituciones.
Además, se crean protocolos con directrices para los procesos de búsqueda, se establece la declaratoria de especial de ausencia para reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y se establecen los derechos de las víctimas y los mecanismos de apoyo.
La norma establece que sobre quien cometa este delito caerá una pena de 40 a 60 años de prisión y una multa que puede oscilar entre los 800,400 pesos a los 1.6 millones de pesos.
En el caso de que la víctima sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, periodista o defensor de derechos humanos, estas penas podrían aumentar hasta en un 50 por ciento.
Asimismo, si la desaparición es cometida por un particular, la pena será de 25 a 50 años de prisión, y la multa de 320,160 pesos a 640,320 pesos.
La aprobación de la ley fue recibida por algunos familiares de víctimas con alivio, aunque otros fueron más críticos y dijeron que una norma más no resolverá el problema. Organizaciones civiles pidieron que se autoricen recursos para garantizar su inmediata y eficaz aplicación.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el país hay 33,482 personas en México cuyo paradero es desconocido.
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