'Cambio en mando, no en la estructura'
El Siglo de torreón-AEE
La renuncia de Raúl Cervantes al cargo de procurador general no implica que por sí misma allane el camino hacia la transformación de la institución en fiscalía ni garantiza una designación de su titular ajena a intereses políticos y acuerdos de cúpula.
Al contrario, advierte Ernesto López Portillo, especialista en seguridad. Su renuncia puede que se deba a "un nuevo acuerdo cupular que implica que la persona se va, pero la institución no se modifica".
No obstante, hay otra opción, dice, y tal vez "esta es una oportunidad extraordinaria" para reconstruir la Procuraduría General de la República. Pero para eso, aclara, "hay que decirle adiós a Cervantes, y también hay que decirle adiós a la institución como la conocemos".
Como parte del colectivo #FiscalíaQueSirva, López Portillo destaca que en este momento es más importante resolver el diseño institucional de la PGR que enredarse en el sucesor de Cervantes, porque si "arreglamos a la institución podremos arreglar quién debe estar allí".
Para el especialista, "una señal muy potente por sí sola", porque revela la debilidad institucional de la PGR y de su titular, es el hecho de que en las últimas décadas los procuradores permanecen en su cargo un promedio de 18 meses.
"Eso quiere decir que la persona que está allí no puede consolidar ni siquiera un plan de trabajo y que el cargo está políticamente disponible", dice.
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que tuvo cinco procuradores, a la fecha que ya van tres, "en el juego de poder en torno del procurador predominan acuerdos para que sea la persona que garantiza lealtad a los grupos políticos en el poder, comenzando por el Presidente", afirma.
"Nuestro problema es la estructura y los procedimientos de rendición de cuentas de esa institución", explica.
Se trata de que no importa quién ocupe el cargo, éste se someta a una evaluación seria. "De lo contrario, vamos a seguir todos simulando que tenemos una fiscalía cuando lo que tenemos es una fábrica de impunidad".
Como una voz que forma parte de las organizaciones de la sociedad civil que han exigido una completa transformación de la PGR para convertirse en fiscalía, López Portillo advierte que la urgencia en ese momento es volver a la reforma del artículo 102 constitucional que instruyó en su momento ese cambio, pero que prácticamente deja intacto el diseño institucional.
Como ya hay un encargado de despacho, dice, en este momento la prioridad no es designar a un procurador, y ni siquiera apurar la Ley Orgánica de la próxima fiscalía para decretar su nacimiento y designar a su titular.
"La prioridad -afirma- es rediseñar el artículo 102 constitucional, y allí asegurarnos de que los procedimientos de designación y remoción de fiscal sean adecuados desde la Constitución".
Esto implica, dice, generar un sistema de contrapesos "potente". Esto es: que la designación del próximo fiscal y su obligada rendición de cuentas no se quede sólo en el terreno de la Presidencia que propone y el Senado que ratifica, sino que el proceso se abra a la sociedad civil.
"Propusimos un consejo ciudadano adentro de la fiscalía, que observe y que obligue a la rendición de cuentas", explica el especialista. Y todavía más: "Que una nueva redacción del 102 constitucional garantice un proceso de concurso público por méritos ante el Senado -en el que por supuesto también participa la Presidencia-, para que la sociedad observa la competencia por méritos y no se elija con criterios políticos a personas que no tienen méritos para tomar el cargo".
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