Revelan red de desvíos
Once dependencias federales junto con ocho cómplices (universidades públicas), han desviado desde 2010 a la fecha más de 3 mil 433 millones de pesos a empresas fantasma, así lo comprobó una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza -gobernador electo del Estado de México- al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El esquema para defraudar se realiza a través de 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del Gobierno Federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
ES UN FRAUDE: ASF
"Sí, es un fraude", dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia -agrega- son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos. Y añade: "es un claro acto de corrupción".
La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir. (Con información de Pájaro Político).
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